Política de privacidad

Responsable

Marcos Núñez Pérez

NIF

35631698Y

Correo

marcos@mediacionmnp.es

Actividad

Mediación escolar, familiar y civil

No hay delegado de protección de datos designado, porque esta actividad no figura entre las que lo exigen el artículo 37 del Reglamento ni el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018. Las consultas sobre protección de datos se atienden en esa misma dirección de correo.

Únicamente lo que usted envíe si escribe al correo de contacto: su dirección y lo que cuente en el mensaje. La web no tiene formulario y no recoge nada por detrás.

Esos datos se utilizan para leer su mensaje y responderlo. No se emplean para enviar publicidad, no se elaboran perfiles con ellos y no se toma ninguna decisión automatizada.

La base jurídica es la aplicación de medidas precontractuales a petición suya, prevista en el artículo 6.1.b del Reglamento: usted escribe para saber si este servicio le sirve, y responderle forma parte de esa conversación previa.

A partir de ahí se abre un expediente, y lo que se trata es de otra naturaleza. Antes de empezar se entrega por escrito una información más detallada que esta, que se firma junto con el acta de la sesión constitutiva.

• Qué datos

  Los identificativos y de contacto de cada persona, y la información sobre el conflicto que ustedes decidan aportar: situación familiar, económica o contractual, documentos que enmarcan el asunto y los acuerdos que se vayan alcanzando.

• Con qué base

  La ejecución del contrato de mediación, del artículo 6.1.b, y el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 5/2012 en cuanto a las actas y a la documentación del procedimiento, del artículo 6.1.c.

• Las categorías especiales

  En una mediación familiar pueden aparecer datos de salud, y a veces de otras materias que el artículo 9 del Reglamento protege de forma reforzada. Para tratarlos hace falta su consentimiento explícito, que se recoge por escrito, en una casilla propia y separada, en el acta de la sesión constitutiva. Puede retirarlo cuando quiera, con efectos hacia adelante.

• La facturación

  Los datos necesarios para emitir la factura se tratan por obligación legal y siguen el plazo que marca la normativa mercantil y fiscal, con independencia de lo que ocurra con el expediente.

En un conflicto familiar es inevitable que aparezca información sobre personas que no están sentadas en la mesa: hijos e hijas, una nueva pareja, un familiar al que hay que cuidar.

Cuando esos datos no los facilita la persona a la que se refieren, el artículo 14 del Reglamento obliga a informarla en el plazo de un mes o en la primera comunicación que se tenga con ella. A la otra persona se la informa en su propia sesión inicial.

Por eso se pide a cada persona que aporte solo lo necesario para el asunto.

Los hijos e hijas menores de edad no participan en las sesiones. Se habla de sus horarios, de sus rutinas y de lo que necesitan, pero no se les pide que elijan ni que opinen sobre el conflicto, y sus datos los aportan quienes ejercen la patria potestad.

En el trabajo con centros educativos la situación es distinta: allí el responsable de los datos del alumnado es el centro, no el mediador, que actúa por cuenta suya y bajo el contrato que ambos firman. El trabajo se organiza con identificadores en lugar de nombres siempre que es posible.

En un punto, la mediación es más estricta que la normativa de protección de datos.

El artículo 9 de la Ley 5/2012 impone un deber de confidencialidad que impide aportar en un juicio posterior lo que haya surgido en la mediación, y que solo decae en dos supuestos: que ambas personas lo dispensen expresamente y por escrito, o que lo pida un juez del orden penal mediante resolución motivada.

Por eso una persona no puede pedir copia del expediente completo para utilizarla contra la otra, ni siquiera invocando su derecho de acceso. El artículo 15.4 del Reglamento lo respalda, porque ese derecho no puede afectar negativamente a los derechos de terceros.

Lo que sí se entrega a quien lo pida son los documentos que esa persona firmó, su acta y su acuerdo, y los datos que se refieren a ella.

• Consulta que no llega a nada

  Se borra al año como mucho. Si en la primera conversación se ve que el asunto no es mediable, se borra al cerrarla.

• Expediente de mediación

  Cinco años desde el cierre, que es el plazo de prescripción de las acciones personales del artículo 1964.2 del Código Civil y, por tanto, el tiempo durante el cual puede haber que responder de la intervención.

• Notas de trabajo del mediador

  Se destruyen al cerrar el procedimiento. No hay obligación de conservarlas y su existencia solo añade riesgo.

• Facturación

  Seis años, por el plazo que impone la normativa mercantil.

Una vez al año se revisa lo almacenado y se borra lo que haya vencido.

Los datos no se ceden a nadie. Sí intervienen algunos proveedores que prestan un servicio técnico y que, por tanto, acceden a ellos. Todos tienen suscrito el contrato de encargo del tratamiento que exige el artículo 28 del Reglamento, que les obliga a seguir instrucciones, guardar confidencialidad y no usar los datos para nada suyo.

• Netlify

  Aloja esta web. Empresa estadounidense.

• IONOS Cloud, S.L.U.

  Aloja el buzón en el que se reciben los mensajes y desde el que se responde.

• Infomaniak Network SA

  Presta el servicio de videollamada con el que se desarrollan las sesiones, que no se graban.

Al margen de eso, los datos solo se entregarían a una autoridad si una norma lo exigiera, y en los términos exactos de lo que se pidiera.

El buzón de correo está en una empresa española, con el tratamiento dentro del Espacio Económico Europeo salvo que la prestación del servicio exija otra cosa, en cuyo caso se aplican las garantías de los artículos 44 y siguientes del Reglamento.

El servicio de videollamada aloja los datos en Suiza, país al que la Comisión Europea reconoce un nivel de protección adecuado, de modo que enviar datos allí no requiere garantías adicionales.

Donde sí hay transferencia internacional es en el alojamiento de esta web, que corresponde a una empresa estadounidense, con las garantías que el Reglamento exige. Eso afecta a las páginas que usted visita, no a lo que escriba al correo ni al contenido de una mediación, que no pasan por ahí.

Esta web no instala cookies, no usa herramientas de analítica y no hay ningún sistema que siga su navegación. Por eso no encontrará ningún aviso de cookies: no habría nada que consentir.

Las tipografías están alojadas en el propio sitio, así que su navegador no hace peticiones a servidores de terceros al cargar las páginas.

Solo se guardan preferencias de lectura, y no mediante cookies. Si cambia entre el tema claro y el oscuro, o ajusta alguna opción del panel de accesibilidad, esa elección se guarda en el almacenamiento local de su navegador para no volver a preguntársela. Esos datos no salen de su equipo, no permiten identificarle y desaparecen al limpiar los datos del navegador.

Los equipos donde se trabaja están cifrados y protegidos con contraseña, el acceso a los servicios lleva verificación en dos pasos y las copias de seguridad están cifradas. La documentación con datos del procedimiento no se envía como adjunto abierto.

Las sesiones no se graban. Cuando hace falta hablar con una persona por separado, se hace en una sala independiente, y lo que se trate ahí no se traslada a la otra sin autorización.

Si a pesar de todo se produjera una violación de seguridad que afectara a sus datos, se comunicaría a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de setenta y dos horas que fija el artículo 33 del Reglamento, y a usted directamente si el riesgo fuera alto.

Puede solicitar en cualquier momento el acceso a sus datos, su rectificación, su supresión, la limitación de su tratamiento, su entrega en un formato legible por una máquina o la oposición a que se traten. Y, cuando el tratamiento se base en su consentimiento, retirarlo sin que eso afecte a lo hecho hasta entonces.

Basta con escribir a marcos@mediacionmnp.es indicando qué desea. La respuesta se emite en el plazo de un mes, que puede prorrogarse otros dos si la solicitud es compleja, avisando de ello.

Hay dos límites: el derecho de acceso no alcanza a los datos de la otra persona, por lo explicado más arriba, y la supresión no puede aplicarse a documentos que una norma obliga a conservar, como las facturas o las actas, hasta que venza su plazo.

Si considera que su petición no ha sido bien atendida, puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control competente.